23/07/2013
La última interlocutoria del TSJC no anula el contrato firmado entre la Generalitat y el consorcio que lideran BTG Pactual y ACCIONA Agua.
El TSJC se ha pronunciado únicamente sobre medidas cautelares, por lo que la resolución no prejuzga el fondo del asunto ni reviste carácter firme.
Ante las diversas informaciones publicadas respecto de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por la que se desestima el recurso contra la desestimación de las solicitud de medidas cautelares presentadas por ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya (ATLL), en relación con la adjudicación del contrato de gestión y prestación del servicio público de la red de abastecimiento de agua Ter-Llobregat, BTG Pactual y ACCIONA Agua, como socios de referencia del consorcio adjudicatario del actual contrato, tienen interés en manifestar lo siguiente:
- La referida resolución judicial ha sido dictada con ocasión de la tramitación de las solicitudes de medidas cautelares planteadas por las partes en los procesos judiciales entablados en relación con la adjudicación del contrato mencionado y, por tanto, no entra a valorar la legalidad de la adjudicación o la validez del contrato, ni prejuzga el fondo del asunto, ni reviste carácter firme, al ser susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.
- Resulta significativo el voto particular de uno de los magistrados del citado Tribunal, que señala expresamente que las valoraciones del OARCC no se ajustan al contenido del pliego, que ninguna de las partes interpretó el pliego en el sentido que pretende el OARCC y que la resolución del OARCC objeto de impugnación incurre en errores manifiestos.
- El magistrado considera necesario el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas por el carácter esencial de las prestaciones objeto del contrato, el enorme impacto que la estimación de la resolución del OARCC tendría para la Generalitat de Catalunya, y el incumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación por parte de la oferta presentada por la Societat General d'Aigües de Barcelona (Agbar).
- BTG Pactual y ACCIONA Agua ratifican que la oferta del consorcio ganador cumple escrupulosamente con todos los requisitos legales del procedimiento de licitación y con todas las condiciones del pliego del concurso y confían en que así quedará demostrado al término de los procesos judiciales en curso, en los que se han hecho y se harán valer cuantas acciones jurídicas sean precisas para acreditarlo, y cuyos pronunciamientos definitivos se encuentran aún pendientes.
- Como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, durante tales procesos deberá examinarse la regularidad de la oferta liderada por Agbar al citado concurso. En consecuencia será necesario analizar los defectos que ésta presenta en relación con las condiciones establecidas por el procedimiento de licitación y la legislación de competencia.
- Por tanto, el contrato firmado el 27 de diciembre de 2012 entre la Generalitat de Catalunya y ATLL continúa siendo a la fecha un contrato jurídicamente eficaz y vinculante para las partes, tal y como lo ha reconocido el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al desestimar la solicitud de medidas cautelares formulada por la empresa Agbar, que pretendía la suspensión de dicho contrato.
- En consecuencia, ATLL reitera su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y su interés en la continuidad de la prestación del servicio contratado durante los cincuenta años de duración de la concesión.
- La continuidad del contrato y del servicio asegurará además la obtención de los importantes beneficios públicos y sociales que resultan de la oferta presentada por ATLL, los cuales fueron correctamente valorados por la Generalitat de Catalunya durante el procedimiento de licitación de la concesión, haciéndola merecedora de la adjudicación del concurso, frente a las desventajas comparativas que presentaba la oferta de la principal empresa competidora, Agbar. Entre estos beneficios, destaca las tarifas de agua comprometidas, que supondrán un ahorro estimado de 900 millones de euros durante el periodo completo de la concesión.
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